Geraldina Colotti

Delcy Rodríguez y Mafalda en Nueva York
La fotografía de Delcy Rodríguez junto a Donald Trump en Nueva York, tomada al margen de la octagésima primera Asamblea General de las Naciones Unidas, obliga a observar una escena que abre a profundas reflexiones sobre las transformaciones de la geopolítica contemporánea. Después de ocho años de aislamiento diplomático, el regreso de Venezuela al Palacio de Cristal se ha insertado en un marco complejo, en el que la comunicación visual y la simbología política actúan como un lenguaje denso de significados contrapuestos. Y precisamente en esa foto, se notará que la que hace Rodríguez no es la V de la victoria, sino el símbolo de la firma de Chávez, con el puño cerrado y los dos dedos puestos al revés: ese mismo signo hecho por Maduro encadenado tras el secuestro del 3 de enero. Como diciendo: no puedo hablar abiertamente, pero la continuidad sigue siendo la misma.
El contraste visual ha emergido con evidencia desde la llegada. Por un lado, la continuidad con la memoria histórica del proceso bolivariano, recordada por la flamante bufanda roja usada por Rodríguez —análoga a la lucida por Hugo Chávez en 2006 desde el mismo podio— y por la chaqueta que lleva en la parte trasera a la célebre Mafalda de Quino: un cortocircuito visual en el que la ironía mordaz y la inteligencia crítica latinoamericana son exhibidas descaradamente de espaldas contra quien pretende dictar las reglas de las relaciones de fuerza. Por el otro, el encuentro con el líder de la principal potencia occidental ha expuesto al ejecutivo a una lectura profundamente polarizada.
Mientras el gobierno reivindica la jugada como un ejercicio de inventiva táctica en el surco del clásico “o inventamos o erramos”, enfocado en romper el bloqueo y gestionar la supervivencia económica, gran parte de la extrema izquierda internacional lee este giro no como pragmatismo, sino como una neta cesión y un abandono de los principios antimperialistas, que termina favoreciendo la línea de Trump y sus ataques a los pueblos del planeta, a partir de la complicidad con el genocidio en Palestina.
Un malestar visualmente amplificado por otras dos imágenes contrapuestas de estos días: por un lado, la de la delegación cubana que abandona el aula cuando Trump empieza sus ataques a la isla; por el otro, la que retrata a la presidenta encargada de Venezuela mientras escucha, con una expresión entre atónita y gélida, al mismo Trump reivindicar públicamente el secuestro de Nicolás Maduro y el robo de los recursos del país, sosteniendo que quien gana se lleva el botín. Y el encuentro privado con Trump se desarrolló a pocas metros del Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, donde el presidente y Cilia Flores siguen recluidos.
La partida diplomática se mueve en un silencio casi absoluto sobre el futuro de la pareja presidencial. Resta por entender si en la audiencia del 8 de octubre se concederán los arrestos domiciliarios a Cilia Flores por motivos de salud. La defensa de la primera dama venezolana, secuestrada por las tropas de EE. UU. junto al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, los ha solicitado aduciendo serios motivos de salud de la diputada septuagenaria, por problemas cardíacos surgidos en detención. Como Maduro, Flores está recluida en una cárcel especial neoyorquina, el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn: mantenida en aislamiento y —denuncian los abogados— maltratada por las heridas reportadas durante el secuestro. Por esto, para ponerle numerosos puntos de sutura en la frente y curar a duras penas la rodilla de Maduro, aquella noche los secuestradores habían tenido que hacer una escala en Puerto Rico, prosiguiendo luego hacia la prisión.
Desde entonces, cada 3 del mes, un nutrido grupo de activistas y defensores de los derechos humanos se manifiesta frente a la cárcel en la que está detenido el presidente, contra “el proceso farsa” a un jefe de Estado en funciones, y acude a una colina situada frente a la sección en la que está recluida Cilia, para demostrarle solidaridad. En esa fecha, cada mes, las manifestaciones se desarrollan también en otras partes de Estados Unidos. Incluso la oposición venezolana basada en Miami se hace sentir, obviamente con intenciones opuestas, con ocasión de las citas judiciales que conciernen a la pareja presidencial. A contestar la presencia de Rodríguez en la ONU había un escaso grupo de opositores radicales, mientras sus partidos difundían la noticia de varios intentos fallidos de María Corina Machado de regresar a Venezuela, aprovechando la ausencia temporal de la presidenta encargada.
Hasta ahora, las audiencias relativas al “proceso farsa” de la pareja presidencial han sido dos: la del 5 de enero de 2026, cuando Maduro y Flores comparecieron ante el juez federal para declararse prisioneros de guerra y no culpables de las acusaciones de estar al frente de un cartel del narcotráfico (el cartel de los Soles, declarado luego inexistente por la propia justicia de EE. UU.); y la del 22 julio, una audiencia procesal en la que se fijó la fecha de inicio del juicio, establecida para el 1 de junio de 2027.
La defensa, sin embargo, espera que no se llegue a eso y que, el próximo 17 de noviembre, el juez acoja las argumentaciones orales y la presentación de mociones para pedir el sobreseimiento del caso (motion to dismiss), basadas sobre todo en la inmunidad de la que goza un presidente en funciones, y en la contestación de la legitimidad de la “detención”: un inédito secuestro con despliegue de agresión armada y muertos, en violación de toda norma internacional.
Es evidente que la partida es totalmente política y es en ese ámbito donde se tendrá que tratar de resolver la cuestión. Mientras tanto, circulan especulaciones sobre la posibilidad de una liberación de Maduro asociada a un posterior exilio en el extranjero: el plan que le había propuesto Trump amenazadoramente en la última llamada telefónica cruzada entre ambos, a pocos días de la agresión militar de las tropas de EE. UU. Para romper la cortina de silencio institucional en este frente, llega nuevamente una imagen, difundida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, que ha mostrado el símbolo de la campaña por la liberación de la pareja presidencial acompañado por un elocuente mensaje: “Pronto volverán”.
Amanecerá y veremos, dice un refrán venezolano.
Este escenario se entrelaza con los pasos judiciales y normativos en Estados Unidos. El 16 de septiembre, Venezuela fue retirada de la lista de países acusados de no luchar contra el narcoterrorismo, una jugada que la defensa pretende explotar para hacer valer la inmunidad diplomática, con vistas también a los plazos procesales y a las mociones de archivo esperadas para el 17 de noviembre.
Paralelamente, sigue dando que hablar el caso de Alex Saab, el exministro y empresario colombo-venezolano, hace años secuestrado por Estados Unidos, luego liberado bajo el gobierno de Biden mediante un intercambio de prisioneros, y finalmente recientemente extraditado a EE. UU. Tras la audiencia del 15 de septiembre, Saab habría comenzado a colaborar con la justicia norteamericana, declarándose culpable de “conspiración destinada al lavado de dinero”. Parece que ha aceptado devolver 195 millones de dólares y cooperar con la Fiscalía.
El caso involucra a cuatro coacusados identificados: el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora y los empresarios colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Se mencionan además dos coacusados bajo secreto de sumario. No se trata, sin embargo, de un proceso por corrupción en Venezuela. Estados Unidos persigue el uso de su propio sistema bancario para mover fondos ilícitos. La “víctima formal” es el sistema financiero estadounidense. La corrupción solo interesa porque la corrupción de funcionarios extranjeros, castigada por la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), perjudica a las empresas estadounidenses en el extranjero.
Los 195 millones no constituyen una multa: se trata de una confiscación penal que representa el volumen de dinero movilizado a través de la “conspiración” utilizando el sistema bancario estadounidense. A Saab se le acusa de haber lucrado con sobreprecio en el comercio y la distribución de las bolsas de alimentos proporcionadas por el gobierno venezolano (los CLAP) y de haber esquivado los mecanismos de las sanciones impuestas por EE. UU.
Según algunos sitios de oposición, como armando.info, que se habían opuesto a la campaña por su liberación como diplomático secuestrado, Saab habría sido durante años un colaborador de justicia de EE. UU. Una tesis ahora acogida también por el gobierno venezolano, que en los años pasados la había rechazado vehementemente.
A diferencia de lo que sostienen los medios de oposición, en los expedientes procesales Saab de todos modos no figura como “testaferro financiero” de Maduro, y por ahora no se sabe si y de qué manera sus admisiones de culpabilidad podrían pesar en el caso judicial de Maduro y Flores.
La agenda diplomática de Delcy en Nueva York se ha desarrollado a través de una densa red de contactos: primero el mantenido con el secretario general de la ONU, António Guterres, centrado en la búsqueda de la paz, la no injerencia, el multilateralismo y el derecho internacional —temas tratados por Rodríguez en su intervención desde el podio—, y luego aquellos con los dirigentes del Fondo Monetario Internacional.
En su visión del multilateralismo, Venezuela sigue defendiendo la diversificación de sus relaciones económicas y políticas, y el mantenimiento de todos los contratos firmados y activos a largo plazo con Rusia, con China, con Irán, con Turquía. De hecho, antes de acudir a la ONU, Rodríguez envió a Moscú, histórica aliada de Caracas, una delegación especial. Y, de hecho, ninguna embajada ha sido cerrada o reducida y, a partir de la rusa o la cubana, se siguen organizando eventos de carácter internacional, y continúa la recolección de ayuda para Cuba.
Lo que, sin embargo, genera más problemas es la militarización del Caribe que, por la presencia de la flota de EE. UU. frente a las costas venezolanas, impide la entrada y salida de barcos petroleros con destino a Cuba u otros países mal vistos por Estados Unidos (que entretanto continúan atacando impunemente a pescadores en el Caribe). Y, por eso, hasta ahora, solo un barco petrolero ruso ha podido alcanzar a la maltrecha isla caribeña, que denuncia un genocidio silencioso impuesto por el macabro bloqueo.
Al centro del debate político venezolano, y no solo, están luego los acuerdos petroleros firmados con Estados Unidos, que han recibido críticas vehementes, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Vale la pena recorrer sus términos principales. Se trata de un acuerdo complejo que concede a empresas norteamericanas la explotación de diecisiete campos petroleros divididos en ocho bloques por un período de veinticinco años, en el marco de la constitución (y no por cien años, como se ha dicho).
Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han presentado la alianza como el mayor acuerdo de la historia mundial, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo ha definido como un giro para el renacimiento económico del país. Precisó que, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), las reservas petroleras venezolanas siguen siendo propiedad inalienable de la nación, ya que los derechos de concesión para la explotación están nítidamente distinguidos de la propiedad efectiva del subsuelo. El acuerdo sobre los diecisiete campos petroleros prevé una ganancia estimada de diecinueve dólares por barril extraído —calculada sobre un precio internacional de sesenta y cinco dólares— generada por un régimen fiscal que fija en el treinta y dos por ciento el impuesto sobre la renta (ISLR) y en un mínimo del dieciséis por ciento las regalías.
Este porcentaje de regalías varía en base a la complejidad geológica del yacimiento: disminuye (hasta el dieciséis por ciento) en los campos más difíciles y aumenta (hasta el veinte o veinticinco por ciento) en los más simples, pudiendo superar los doscientos nueve mil millones de dólares globales previstos en caso de que el precio del crudo suba en el mercado global.
Desde el punto de vista histórico y normativo, este régimen se coloca a mitad de camino: es menos favorable para el Estado respecto a la ley de los años dos mil impulsada por el chavismo (que imponía regalías de hasta el treinta por ciento), pero es decididamente más protector en comparación con la venta de la llamada “apertura petrolera” de los años noventa, cuando las regalías bajaban al uno por ciento.
Esta configuración alinea a Venezuela con los estándares internacionales para el desarrollo de crudos pesados y no convencionales (como los de la Faja del Orinoco o el shale oil), ofreciendo las protecciones y los incentivos necesarios para afrontar los altos costos de las primeras fases de exploración y extracción (upstream).
¿De qué sirve tener las primeras reservas de petróleo del mundo si no tenemos los medios para extraerlas, considerado el estado deplorable de los pozos debido a las sanciones?, dice el gobierno bolivariano. Y subraya cómo, en el plano político y geopolítico, el pacto demuestra la capacidad del gobierno para gestionar una negociación compleja a pesar de la coerción asimétrica sufrida por parte de Estados Unidos.
El acuerdo responde a una lógica de realpolitik: Washington necesita urgentemente petróleo a largo plazo debido a la crisis energética y al colapso de los inventarios internos provocados por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz y en el Golfo Pérsico, mientras Caracas capitaliza su propia resistencia económica. En este escenario pragmático, ambas partes obtienen ventaja de una relación comercial que se inserta en el canon global de las inversiones energéticas, aun imponiendo a Venezuela el desafío de gestionar los riesgos de una nueva y fuerte exposición hacia el mercado estadounidense.
Que el acuerdo no represente mecánicamente una transición hacia el neoliberalismo o el libre mercado de Friedrich von Hayek o Milton Friedman, lo confirman precisamente las críticas procedentes de la extrema derecha, que en cambio auguraría ese giro ultraliberal: no lo es —dicen los comentaristas de oposición— puesto que la estructura económica y política guiada por el bloque de poder heredado del chavismo y fundado en la unión cívico-militar sigue manteniendo la centralización estatal de los recursos estratégicos y rechazando cualquier privatización y libre competencia: so pena de la desafección de la base que, aun con fuertes malestares, sigue teniendo muy a cuenta la unidad, casi una religión para los chavistas. Y, recientemente, la clase obrera petrolera ha manifestado con una masiva y convencida presencia su pleno apoyo a Delcy, que se ha reunido con los sindicatos y los trabajadores para presentar precisamente los acuerdos petroleros. Y, en estos días, se han desarrollado manifestaciones en todo el país en apoyo a Delcy Rodríguez en la ONU.
A regañadientes, el gobierno chavista intenta moverse basándose en un pragmatismo económico dictado por la supervivencia política y por la necesidad de asegurar estabilidad cambiaria y flujos petroleros bajo el chantaje del America First impuesto por los secuestradores.
Un acuerdo que ha suscitado sin embargo las duras protestas de la izquierda radical y de intelectuales como Luis Britto García, los cuales denuncian esta entente como una capitulación monumental que compromete la soberanía nacional y traiciona los principios antimperialistas de la revolución, barajando las conquistas históricas a cambio de una legitimación internacional y de una tregua económica dictada por la realpolitik.
A esta impostación —al menos en parte— subyacen consideraciones de fondo: la desproporción de las relaciones de fuerza con Estados Unidos, la ausencia de relaciones de fuerza a escala continental (con casi todos los países gobernados por la derecha), pero también el hecho de que, en este siglo, no se han dado revoluciones violentas y nadie, ni siquiera Chávez, ha profundizado en el sentido del siglo XX la revolución bolivariana, poniendo siempre la mediación en el centro. Sin embargo, vale la pena señalar que, si uno se limita exclusivamente al pragmatismo, los pueblos terminarían por resignarse y no luchar más ante condiciones de relaciones de fuerza desfavorables, además de quedar desmovilizados por el hecho de que, en la “diplomacia de paz”, podrían dejar de sentirse protagonistas para pasar a ser meros espectadores del pragmatismo estatal.
Amanecerá y veremos, dice un refrán venezolano: hará día, y veremos.







